Por José Guerra
Concluye otro año y con él se marcha también parte del ciclo vital.
Concluye otro año y con él se marcha también parte del ciclo vital.
Doce meses más de una década que parece interminable donde la tónica ha sido la experimentación con un país al aplicarse políticas erráticas unas y contradictorias otras en busca de una quimera llamada el socialismo del siglo XXI, cuyo rostro es cada vez más parecido a los modelos fracasados en Europa, Asia y América Latina.
Desde el punto de vista económico, ha entrado Venezuela en la fase de estanflación al registrarse una contracción de la economía y al mismo tiempo sufrir el alza de precios.
Quienes analizan los hechos simplistamente pueden tentarse a afirmar que ello se debe a la crisis global que desde septiembre de 2008 afecta la economía mundial. Sin embargo, la información consignada en el gráfico adjunto documenta que la caída de la economía nacional viene ocurriendo desde finales de 2007, porque esta declinación del PIB no es un hecho meramente coyuntural sino que más bien pareciera obedecer a un agotamiento del paradigma económico que guía al gobierno y consiste en reducir a su mínima expresión al sector privado de la economía con el objeto de darle preeminencia al Estado en su rol de empresario.
Con la recesión y la inflación que expresan las cifras oficiales quedaron seriamente averiados los pronósticos del gobierno acerca de lo que debió el comportamiento de la economía en 2009.
Así, el Ministerio de Economía y Finanzas estimó que la inflación cerraría 12% y todo indica que su valor alcanzará 27%, más del doble de la cifra anunciada.
En cuanto al crecimiento de la economía, éste se previó en 4,0% y lo más probable es que la economía decrezca alrededor de 2,5%.
La destrucción del BCV
En 2009 se consolidó la destrucción institucional del BCV, exacerbada con un engendro sacado debajo de la manga por Armando León y Rodrigo Cabezas cuando concibieron el Fondo Nacional de Desarrollo (Fonden) para confiscarle las reservas internacionales al banco central y de esa forma permitir el financiamiento con impresión de dinero del déficit fiscal.
Entre otras razones por esas transferencias de los activos del BCV es que la inflación se mantiene elevada no obstante los controles de precios y de cambio.
Si fuese poco, la despedida del año toma a Venezuela con la quiebra de varios bancos y la posibilidad de que otros sigan el mismo camino, no ya como consecuencia del latrocinio de falsos banqueros aliados con funcionarios situados en las posiciones más altas del escalafón de la administración de la finanzas nacionales, sino más bien como resultado del deterioro de la economía y el consecuente impacto negativo en la cartera de crédito de los bancos.
La sacudida bancaria probó lo que era un secreto a voces: la sociedad conformada por la llamada boliburguesía y ministros y ex ministros del gobierno de Hugo Chávez.
El poder judicial
Se va 2009 con una nueva doctrina constitucional, lanzada por la presidenta del TSJ, según la cual no debe haber separación de los poderes ni el control entre ellos sino todo lo contrario, que exista un solo poder, el Ejecutivo.
Aunque en la práctica ello ha venido sucediendo, su legalización constituiría no solamente un exabrupto sino también un gravísimo peligro para la vida republicana de Venezuela.
Fueron muy sabios los que diseñaron el sistema de pesos y contra pesos en una República en la medida en que la rama Ejecutiva suele ser arbitraria y para ello el Poder Judicial es el encargado de erigir una barrera institucional para atenuar la tendencia generalmente despótica de los presidentes.
Algo similar sucede con el Poder Legislativo, reclamado a dictar leyes como representación de la soberanía popular manifestada en comicios libres.
Todo ello puede ser borrado por un TSJ dedicado más a legalizar los actos del gobierno que a impartir justicia de manera independiente.
La inclemencia con la cual actúan los jueces y fiscales al servicio del gobierno se puso una vez más de manifiesto en los juicios de los cuatro comisarios y los policías sentenciados a la pena máxima y en el Casio del prefecto de Caracas, Richard Blanco.
Ante un muro infranqueable se estrellaron los alegatos razonados de los abogados defensores que clamaban por juicios en libertad para los imputados.
Algo similar sucede con los casos de corrupción. Mientras los ex gobernadores Didalco Bolívar, Manuel Rosales, y Eduardo Manuitt tuvieron que pedir asilo porque la cárcel era su destino, indiciados con pruebas irrefutables que acababan de dejar alcaldías y gobernaciones, fueron promovidos a cargos de mayor responsabilidad y con alta concentración en el manejo de recursos financieros, en una especie de ensayo para que afinaran sus dotes en el peculado.
Pero en la medida que el país se sumerge en la crisis con ella se alzan también las posibilidades de una nación que no se ha rendido ante la acumulación de poder de una persona que no tiene límites en sus ambiciones de seguir mandando.
Enlace: http://www.talcualdigital.com/Avances/Viewer.aspx?id=29593&secid=45
