Por Javier Diez Canseco
Cuatro elementos marcan la escena electoral. Primero, la inmunda mercantilización de la política: la subasta de puestos, que involucra abiertamente a Castañeda y a Keiko Fujimori. El audio de la ex esposa de Acuña para ubicarse en SN, y Guía, fujimorista de Junín, que denuncia que Keiko le pidió US$ 200,000 por un puesto, mientras colocan a Kenyi tercero en Lima. Ojo, el comité de campaña fujimorista lo dirige papá Alberto desde la cárcel donde dice estar detenido.
En segundo lugar, la teatral competencia “anticorrupción” de todos los candidatos, aunque el grueso está vinculado a casos graves. Castañeda juega a víctima en el caso Comunicore. Pero se le complica: hay la vinculación de algunos operadores de esa empresa con el narcotráfico. Además la nueva administración municipal decidió aclarar el entramado de la maloliente decisión de pagar al contado una deuda sobrevaluada (pactada en 10 años) que Comunicore acababa de comprar en 21 millones de soles menos que lo que pagó Castañeda. Un informe fiscal acusaría a Keiko por los fondos para sus estudios y otras inversiones. Descompone la candorosa imagen que vende.
El APRA cruje con el teatro de Meche Aráoz sobre su incompatibilidad con la candidatura del investigado Del Castillo aunque calla sobre otros que la acompañan, desde el Secretario de la Presidencia, Luis Navas, visitante de la suite de Canaán, hasta Omar Quezada, Jefe de la Cofopri que vendió a otro aprista un terreno de 300,000 metros en menos de S/.5,000 cuando valía 12 millones de soles. Y a Toledo y PPK [Pedro Pablo Kuczynski], que gobernaron juntos, les recuerdan perlitas como la concesión del gas de Camisea a Hunt Oil y la modificación del contrato en beneficio del consorcio y perjuicio del país. Ninguno puede obviar su responsabilidad como gobernante ni el rol de sus partidos para impedir las investigaciones en el Congreso o empantanarlas en el PJ, pero todos juegan a moralizadores.
Tercero, la maratón de ofertas de candidatos que ya gobernaron y no hicieron lo que hoy prometen, replantea la credibilidad política. Ninguno, al gobernar, aplicó la oferta, hoy generalizada, de redistribuir parte de la riqueza generada en el crecimiento económico. ¿Por qué creerles si con ellos aumentaron las diferencias, se concentró la propiedad y la riqueza en pocas manos, y amplias mayorías fueron excluidas? Hoy ofrecen redistribuir. ¿Como el cambio responsable de García o el impuesto a las sobreganancias mineras que nunca aplicó? Ningún ex gobernante plantea una verdadera reforma tributaria o el impuesto a sobreganancias mineras y cobranza efectiva de regalías. Sólo Humala. Ni Toledo, PPK o Aráoz lo hicieron. ¿Les creemos? Ni cuantifican el costo de sus ofertas. Cuando Toledo propone dar 20% del presupuesto a Educación, no dice de dónde saldrá el dinero, salvo las generalidades de “reducir la evasión fiscal”, “formalizar los informales”, “ampliar la base tributaria”. No funcionó cuando gobernó con PPK ni en el gobierno de García.
Cuarto, la prensa quiere presentar la idea de que todos los candidatos comparten la política económica, sin diferenciar entre el continuismo y quien propone un Estado que haga respetar los derechos de la gente y la proteja, que sea soberano y no instrumento de los grupos de poder privados, que haga que las autoridades consulten y rindan cuentas, que los congresistas o el Presidente puedan ser revocados de mandato por abuso de poder o incumplir su compromiso electoral. Y, encima, buscan hacernos creer –como cuando Kouri y Lourdes– que la competencia está cerrada entre tres que son fijos para la final.
Si la gente hila estos cuatro elementos de la campaña electoral y mediática, y saca sus cuentas, el escenario electoral y las encuestas sufrirán cambios sustanciales. Las pasadas elecciones de Lima muestran que el cambio es posible cuando los electores ven que en la vitrina principal no está lo que quieren.
mercredi 19 janvier 2011
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