Contenido:El crimen organizado desafía la gobernabilidad democrática e inhibe el desarrollo humano en América Latina y el Caribe. Este fenómeno se ha generalizado y adquirido nuevas y más violentas formas de operación en todo el Continente. Ello dificulta la vigencia del Estado de Derecho, impide un efectivo imperio de la Ley, afecta gravemente la economía y la seguridad de las empresas y erosiona los sistemas políticos y las instituciones democráticas en todos los países de la región. Sin embargo, el impacto mayor del crimen organizado sigue y seguirá siendo sobre las personas: la violencia que este genera atenta de manera directa y dramática la vida de hombres y mujeres ya sea por vía directa, convirtiéndoles en sus víctimas, o por vía indirecta, robándoles la posibilidad de construir sociedades libres del temor y de la necesidad. En este sentido, la acción del crimen organizado es doblemente perversa, pues no solamente se beneficia de las vulnerabilidades que explican en buena parte la pobreza, sino que las profundiza y vuelve en muchos casos irreversibles. La violencia, el crimen y sus actividades relacionadas, inhiben el desarrollo humano, constituyen una flagrante violación a todos los Derechos Humanos y debilita la convivencia democrática.
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