por León Valencia
Leí con lupa el mensaje de año nuevo de alias 'Alfonso Cano', comandante de las Farc. Señala una y otra vez a paramilitares y mafiosos como los causantes de la tragedia reciente del país, se despacha contra los latifundistas, asegura que la reparación de las víctimas y la ley de tierras son esenciales para cimentar la reconciliación nacional. No menciona al presidente Santos, tampoco les dedica un párrafo a los militares.
¿Tiene esto algún significado? ¿Quiere Cano, en este periodo, exaltar como principales enemigos a los usurpadores de las tierras y a quienes se asociaron con mafias y paramilitares para apoderarse del poder local en muchas regiones del país? ¿Quiere establecer alguna diferencia entre estas fuerzas y el gobierno de Santos? ¿Quiere buscar un entendimiento con esta administración?
No voy a sacar conclusiones apresuradas del discurso de Cano. Es muy difícil que una guerrilla poco dada a la reflexión sea capaz de dar semejante viraje en su pensamiento. Pero una cosa es cierta: el principal obstáculo para las reformas políticas y sociales que el país requiere es una derecha violenta que ha establecido mil lazos con las mafias y con grupos armados ilegales.
En los últimos años hemos visto, además, que la única manera de enfrentar al enjambre de políticos y empresarios vinculados a la ilegalidad y a las mafias es apelando a la opinión pública y a la justicia. Es consiguiendo su aislamiento político y llevándolos a los estrados judiciales como se les puede derrotar. La cosa no es con armas.
Si la guerrilla comprendiera esta situación, tendría razones suficientes para buscar unas negociaciones de paz. La decisión de las Farc y del ELN de saltar a la vida civil crearía un ambiente muy favorable para depurar a las instituciones de agentes que le disparan desde adentro a la democracia y que han causado una sin igual tragedia humanitaria.
Ahora bien, al lado de leves señales de cambio en las Farc se producen cambios en las prioridades del gobierno en materia de seguridad. Santos sabe que los neoparamilitares o bandas criminales son la amenaza mayor de la ciudadanía y el Estado. Sabe que el narcotráfico y la violencia urbana asociada a estas bandas han hecho saltar las tasas de homicidio en las grandes ciudades y están multiplicando las acciones delincuenciales.
El gobierno está dando signos de una reestructuración de la política de seguridad, disponiendo fuerzas y orientando recursos para frenar la proliferación de estas bandas y conjurar el grave deterioro que está sufriendo la tranquilidad en regiones y ciudades asediadas por esta nueva generación de paramilitares.
¿Será que tanto las Farc como el gobierno de Santos están en camino a redefinir el enemigo? Si así fuera, encontraríamos por fin las llaves para abrir las puertas de la paz. Al cambiar la percepción de los contendientes en un conflicto, cambia dramáticamente la confrontación. Esa es una ley inexorable de la guerra.
Si la guerrilla concluye que ahora el enemigo principal es esa parte de la dirigencia regional y nacional comprometida hasta el cuello con la violencia ilegal y mafiosa y siente que Santos puede tomar distancia de esas fuerzas, podría buscar afanosamente una salida negociada para el conflicto.
A la vez, si el presidente Santos considera que un alto al fuego y unas verdaderas negociaciones de paz con las guerrillas le sirven para concentrar los mayores esfuerzos en el combate a los neoparamilitares y para sacar adelante las reformas que se ha propuesto, puede hacer una oferta de paz atractiva para la insurgencia.
Eso no quiere decir que las Farc vayan a declinar sus críticas y ataques al gobierno y mucho menos que Santos se vaya a olvidar de que las guerrillas seguirán siendo una amenaza a la seguridad nacional y a la sociedad entera hasta que no se desmovilicen y entren de lleno en la vida civil del país. Solo quiere decir que las partes han cambiado por el momento sus prioridades.
Publicado en Corporación Nuevo Arco Iris, 24/01/2011
mercredi 26 janvier 2011
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