por Andrés Cañizález
El 27 de mayo de 2010 se cumplirán tres años de la salida del aire de la televisión abierta de RCTV. Este 24 de enero deberá sumarse al memorial de agravios del gobierno de Hugo Chávez al derecho ciudadano a expresarse e informarse libremente: también desapareció de la pantalla de la televisión pagada del país la imagen del canal de Quinta Crespo.
No es un asunto menor en la historia de los tantos desmanes ocurridos en los últimos once años. El gran perdedor en 2007 y ahora en 2010 no es Marcel Granier o su grupo empresarial, obviamente todos estos atropellos han tenido un costo enorme para la empresa y sus trabajadores; pero desde nuestra perspectiva el gran perdedor es el ciudadano venezolano, que sometido a los designios de la voluntad de un hombre pierde paulatinamente sus libertades.
El que el Presidente hable sin parar en sus cadenas de radio y televisión, y que el venezolano común no pueda "saltarse" a los canales por cable hechos en Venezuela, es un sinónimo de libertades coartadas, se le limita su libertad de escoger.
Este es el fondo del asunto, no los artilugios de que RCTV Internacional no quiere apegarse a la ley. La letra de la ley venezolana, por cierto, no dice que el presidente Chávez dedique sus cadenas a actos proselitista de su causa política, y así lo hace.
La popularidad de RCTV en el cable, llevando incluso a empujar el crecimiento de este sector, es una gran derrota para el gobierno. Con la salida de RCTV la sociedad venezolana, y especialmente los sectores más pobres, perdieron una opción informativa y editorial crítica del gobierno, una posibilidad de entretenimiento y, sobre todo, perdieron el control sobre la pantalla de televisión.
La decisión sobre RCTV, que tuvo enormes costos políticos para el gobierno, a nivel interno e internacional, marca un antes y un después en materia de medios, especialmente radioeléctricos.
Si se observa lo ocurrido entre 2007 y 2010, no hay señales de que el gobierno desee bajarle el tono a la confrontación con los medios, y al contrario parece haber comprendido que el camino no es sacar una señal del aire o sacarla sin anuncios previos de cierre y apelando a la nocturnidad.
Así fue en el caso de las radios en julio y así ocurrió ahora el domingo pasado. El camino hacia la hegemonía delineada por el ministro Andrés Izarra parece explorar otros senderos. Posiblemente Globovisión simbolice en este período el nuevo esquema: se trata de una guerra de baja intensidad, con acciones judiciales, tributarias, vociferantes amenazas y negación de acceso a las fuentes oficiales.
Cuando se conjugan todos estos elementos, el resultado es que si bien ha el canal de noticias sigue en el aire, ha sido pagando un alto costo para ejercer la crítica pública. Ejercer esta crítica pública, que es una parte sustantiva de la libertad de expresión y por tanto de la democracia, provoca disgusto en las autoridades.
El cese de RCTV en la televisión abierta y su exitosa incursión en el cable, junto al desastre político-comunicacional que ha representado TVES, deja al desnudo la incapacidad que tiene el Gobierno venezolano para llevar adelante una propuesta televisiva que se conecte con las mayorías. Es una notable paradoja para una administración que pone un énfasis evidente en lo mediático, y que dice enarbolar las banderas populares.
El gobierno de Hugo Chávez se ha llenado de medios, especialmente televisivos. ¿Cuál es el resultado efectivo de este proceso? Hay menos diversidad, menos pluralidad, pero no ha significado mayores niveles de audiencia, ni siquiera entre aquellos venezolanos que comparten el proyecto político bolivariano.
La decisión que sacó nuevamente de la pantalla a RCTV debe verse en el marco de una estrategia mayor para consolidar la hegemonía y control gubernamental, que si bien no logra niveles de audiencia importantes, sí representa pérdidas concretas para la pluralidad, para la diversidad de opciones informativas en la Venezuela actual. A todas luces, es un retroceso democrático lo que se vive en la pantalla.
Finalmente, el caso de RCTV debe llamarnos la atención en otro aspecto, también menguante en la vida democrática venezolana. Es un principio universalmente aceptado, la necesidad de que haya una justicia independiente para que se garantice la igualdad y se eviten los abusos de quienes ejercen el poder.
El proceso legal de 2007 que introdujo RCTV dejó serias dudas sobre nuestro sistema de justicia. Los distintos recursos que presentó la planta se respondieron, en muchas ocasiones, de forma extemporánea por los tribunales, incluyendo el Tribunal Supremo de Justicia.
Muchos ni siquiera fueron atendidos. También, ahora, con decisiones que sacan de la pantalla una señal un sábado a medianoche, durante un fin de semana, se busca evitar que los afectados apelen a la justicia, que de pronunciarse lo hará tarde, cuando ya el daño está hecho.
Sin ir muy lejos, desde el 27 de mayo de 2007 los equipos de RCTV están en una suerte de préstamo forzoso, sin mecanismos legales para lograr su devolución o bien alcanzar una compensación económica por el uso que la señal de TVES hace de los mismos. Una muy clara señal de cómo funciona la justicia en Venezuela.
La candidata del Partido de Liberación Nacional (PLN, socialdemócrata, miembro de la Internacional Socialista), Laura Chinchilla, fue la vencedora de las elecciones presidenciales en Costa Rica con el 46'8 por ciento de los sufragios. El candidato del Partido Acción Ciudadana (PAC), Ottón Solís, que se autoproclama de centro-izquierda, logró el 25 por ciento de los votos. El derechista Otto Guevara, de Movimiento Libertario (ML), obtuvo el 21 por ciento. Al superar Chinchila el 40 por ciento de los sufragios, no habrá segunda vuelta electoral.
